La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la promulgación de la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que cometieron delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000
Como se sabe, la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó la referida norma, el último miércoles, en una ceremonia en Palacio de Gobierno que contó con la presencia del Gabinete ministerial y congresistas como Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia), quienes impulsaron la ley en el Parlamento.
Al respecto, la titular del Ministerio Público criticó que «con toda pompa» se haya promulgado una norma que consideró «un insulto a las víctimas de derechos humanos».
«El Congreso propone y se aprueba una ley por votación y se envía a la presidenta para que la observe y esa es una gran oportunidad, tuvo una gran oportunidad la presidenta. Yo siempre soy respetuosa, pero cuando veo, como en este caso de la Ley de Amnistía, que ayer [miércoles], con toda pompa, con todo festejo. Realmente eso ha sido un insulto a las víctimas de violación de los derechos humanos», destacó en entrevista con CNÑ.
La fiscal de la Nación señaló que la norma beneficiará a un promedio de 900 militares y policías procesados por cometer delitos en el referido periodo, entre ellos, imputados por casos emblemáticos como Manta y Vilca.
«Aquí no se trata de cuestiones políticas, es simplemente respeto a los derechos fundamentales, a la vida, a la integridad y hay casos muy tristes, muy trágicos que se han producido entre los años 1980 y 2000, durante la guerra contra la criminalidad terrorista, pero también hubo excesos de algunos, aproximadamente 900, según se me ha alcanzado la cifra, de militares y policías que han cometido violaciones a los derechos humanos», aseveró.
«Esta ley aprobada ayer es un golpe, es una bofetada a todas esas víctimas porque está amnistiando a procesados, a condenados, a todos, y eso va contra las convenciones internacionales a las que el Perú está sometido, está obligado a acatar, al SIDH, que es parte de nuestro derecho interno, está reconocido en nuestra Constitución», agregó.
Espinoza Valenzuela enfatizó que la jefa de Estado «ha aprobado una ley absolutamente inconstitucional y el Congreso también tiene responsabilidad ahí».
«Pero en su momento las responsabilidades se van a ir dando, de todas maneras”, puntualizó.
