Las propuestas importan, pero también la trayectoria de quienes buscan convertirse en autoridades. El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP; revisó los antecedentes judiciales de candidatos que aspiran a un cargo en las regiones del norte del país, así como en una anterior entrega, donde también informamos sobre los antecedentes de candidatos en el sur que puede revisar aquí.
De 143 candidatos que registran condenas penales y que postulan a gobernador, vicegobernador o consejeros regionales; 25 se encuentran postulando en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. Estas condenas figuran declaradas en sus hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En esta nota, algunos de esos casos.
Lambayeque y La Libertad
En Lambayeque, Rolando Barboza Díaz postula al gobierno regional por Fuerza Popular. Registró dos condenas en su hoja de vida: la primera por el delito contra el patrimonio cultural (2007) y la segunda por abuso de autoridad cuando fue alcalde distrital de Tumán.
Sobre esta última, en 2018 intentó desalojar a miembros de una asociación de personas con discapacidad de un terreno donado por una empresa azucarera del distrito, hecho que motivó que el octavo Juzgado Unipersonal Penal de Chiclayo fallara en su contra. Al ser consultado por estos casos Barboza los explicó a RPP al finalizar su participación en el debate regional en Lambayeque.
“Estos pronunciamientos judiciales no son delitos de corrupción, son temas laborales por una mala aplicación de la norma, hubo un tema de una violación a la normativa, pero nunca se trató de un caso de corrupción”, señaló.
En La Libertad, el partido Acción Popular postula a dos consejeros regionales con condenas. Es el caso de Guillermo Guzmán Obando con tres condenas por conducir en estado de ebriedad del 2004, 2012 y 2015; y una cuarta por lesiones leves (2007).
Por otro lado, también está el caso del candidato a consejero regional Sócrates Florián quien cometió peculado doloso, un delito de corrupción en agravio del gobierno regional de Ucayali.
¿Por qué un partido histórico como Acción Popular apuesta por estos perfiles?, su presidente Julio Chávez Chiong respondió:
“Nosotros tenemos alrededor de 8 mil candidatos participando en este momento, entonces es un poco más complicado poder efectuar filtros como sí los podemos hacer en una elección general porque el universo es de 250 a 300 candidatos que representan al partido. Acá es más complicado controlar y por eso tomamos la decisión de que cada uno se acoja a los criterios que la ley establece […] cada base, digamos, eligió a sus candidatos y participa internamente, entonces no hay una orientación desde la dirección nacional del Partido, ¿no? Habría que revisar si estos candidatos están afiliados o son invitados del Partido, si es un militante afiliado y tiene una condena, es motivo de que se le inicie un proceso interno. En el caso de los regidores o consejeros regionales, como le digo, no hemos hecho ningún filtro porque es bien complicado hacerlos”, sostuvo el dirigente.
Candidato a gobernador y candidata a vicegobernadora en Cajamarca de APP con condenas en su hoja de vida. | Fuente: JNE
En Cajamarca
La plancha completa que postula al gobierno regional de Cajamarca por Alianza Para el Progreso registra condenas. Por un lado, Moisés González, candidato a gobernador que fue sentenciado por omisión de deberes funcionales, es decir, por no cumplir con su obligación como autoridad cuando era alcalde distrital de Querocotillo.
También está el caso de la candidata a vicegobernadora, Lilian Cruzado Vásquez, que declaró dos condenas por apropiación ilícita, vinculadas al incumplimiento del pago de aportes de jubilación.
Como gerente de la empresa Catering Express SAC, fue condenada por la apropiación indebida de los aportes previsionales de sus trabajadores de varios meses de los años 2013, 2014 y 2015 y, la segunda condena como gerente de la empresa Menú Express EIRL, por la apropiación de los aportes previsionales desde mayo de 2014 a agosto de 2017.
Cruzado intentó postular al cargo de diputada en las últimas Elecciones Generales 2026, sin embargo, fue excluida por el Jurado Electoral Especial de Cajamarca justamente por no declarar una de estas condenas.
Esta cobertura buscó la respuesta de los candidatos y de la dirigencia del partido pero no hubo respuesta.
En Amazonas
Ferry Torres Huamán se postula como gobernador por Juntos por el Perú. Declaró seis condenas por los siguientes delitos: usurpación de título y honores (2013), resistencia y desobediencia a la autoridad (2013), negociación incompatible (2021), colusión agravada (2023), contra la administración de justicia (2024) y falsa declaración en procedimiento administrativo (2024).
Cuando fue alcalde de Bagua, Torres exoneró a un ciudadano de una deuda tributaria a cambio de que contrate a un grupo musical para la inauguración de una de sus obras, por ello fue condenado por negociación incompatible.
A propósito de este caso, esta cobertura buscó la declaración de Roberto Sánchez, líder de Juntos Por el Perú porque Ferry Torres no es el único candidato con este perfil que postula representando a esta agrupación política en estos comicios. En julio de este año, El Poder en tus Manos informó que Juntos Por el Perú llevaba a 33 candidatos distritales y 11 candidatos provinciales con condenas.
“Cuando un candidato tiene impedimento legal de ser candidato, el propio Jurado [Nacional de Elecciones] lo saca de carrera, y si el propio Jurado dice que ha podido ser candidato, evidentemente no hay nada ilegal en eso”, respondió.
Los candidatos mencionados consignaron en sus hojas de vida estar rehabilitados. RPP solicitó una entrevista a todos los candidatos mencionados en este informe, sin embargo no obtuvimos respuesta de cada uno.
Los partidos políticos y su responsabilidad
Alexandra Marallano, exsecretaria del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó que las agrupaciones políticas cuentan con herramientas para filtrar a sus candidatos, una de ellas es la Ventanilla Única de antecedentes que pone a disposición el JNE con información proveniente de diversas instituciones del Estado, justamente, para que no exista pretextos para señalar desconocimiento de los antecedentes de los postulantes.
“Creo que también debe haber una obligación expresa, clara y precisa en la ley electoral, de que las organizaciones políticas deben estar obligadas a consultar la ventanilla única de antecedentes, por un tema de transparencia absoluta que debe existir de cara al elector. Y creo que esa responsabilidad debe estar enmarcada en la ley al punto de ser pasible de una multa que incluso alcance una afectacióna algún tipo de financiamiento que las agrupaciones reciban”, señaló.
Más detalles de los antecedentes judiciales de las candidaturas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 puede encontrarlos en la herramienta Candidatos con condena, disponible en rpp.pe.
