El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó ante la Comisión de Constitución del Congreso que el Código Procesal Penal fue elaborado por «abogados litigantes» que pensaron únicamente en sus clientes.
El funcionario fue más allá y sostuvo que existen letrados que forman parte de la «banda criminal» a la que representan. Sus palabras provocaron el rechazo inmediato de varios abogados penalistas, quienes calificaron sus afirmaciones de erróneas y hasta peligrosas para el sistema de justicia.
La molestia no tardó en manifestarse en redes sociales. Humberto Abanto, César Nakazaki, Julio Espinoza Goyena y Carlos Rivera Paz respondieron al ministro con publicaciones que desmintieron, una por una, sus afirmaciones.
Todos coincidieron en un punto central: el código no fue redactado solo por litigantes. Participaron también jueces, fiscales y otros funcionarios públicos.
Abanto fue uno de los más duros. El abogado escribió que resultaba «asombroso» que el ministro desconociera principios básicos del debido proceso. Le recordó que, en los Estados democráticos, condenar a una persona siempre resulta difícil, porque se busca reducir al mínimo el riesgo de un error judicial. Cerró su publicación con una frase directa: «El ministro desperdició una excepcional oportunidad de quedarse callado».
La respuesta de Álvarez no se hizo esperar. El ministro le contestó a Abanto que su publicación mostraba «lo difícil que es exponer en dos o tres minutos toda la crisis del sistema de justicia».
Agregó que el Código Procesal Penal «ha fracasado en su propósito esencial» y que defenderlo, como hizo Abanto, solo confirmaba que la norma «sirve a los abogados de los delincuentes, no a los ciudadanos que son víctimas de la criminalidad». La frase trasladó la discusión, que era técnica, hacia un cruce personal entre ambos.
Penalistas que desarmaron los argumentos de Álvarez
Julio Espinoza Goyena aportó el dato con más peso institucional. Explicó que fue Secretario Técnico de la Comisión de Alto Nivel que redactó el Código Procesal Penal del 2004. Según contó, esa comisión tuvo más de 12 integrantes, entre fiscales, policías y jueces. Los representantes del Colegio de Abogados fueron solo dos.
El abogado también detalló varios artículos del código que, a su juicio, contradicen la versión del ministro. Mencionó el control de identidad, la videovigilancia, las pesquisas y la intervención corporal, entre otras herramientas que, según explicó, fortalecen la persecución penal. Para él, resulta un error grave afirmar que el modelo se pensó para favorecer a la delincuencia organizada.
César Nakazaki, por su parte, centró su respuesta en la autoría del código. Recordó que su principal redactor fue César San Martín Castro, un magistrado de formación, no un litigante. El penalista advirtió que confundir las garantías procesales con la causa del problema de la justicia penal es un error. Según explicó, las verdaderas causas son otras: fallas en la investigación, falta de tecnología, corrupción o desconocimiento jurídico.
Humberto Abanto aportó una precisión procesal que buscó desmontar el ejemplo que usó el ministro sobre la demora de los juicios. Explicó que el ofrecimiento de prueba nueva ocurre al inicio del juicio oral, y el de prueba excepcional, al final.
Ambos pedidos se debaten en la misma audiencia, no en una adicional como sugirió Álvarez. El abogado remarcó que es muy raro que aparezca prueba después de cerrada la investigación, porque el acusado debe conocerla para poder defenderse.
Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), fue el más frontal en el tono de su crítica. En dos publicaciones distintas, sostuvo que el ministro «no tiene idea de lo que está hablando» y calificó su discurso de «repugnante». Para el abogado, el objetivo de Álvarez es claro: debilitar las garantías del debido proceso a partir de un relato que presenta al código como un instrumento a favor de los delincuentes.
Las críticas de los penalistas coinciden en un mismo reclamo: pedir que el debate sobre la reforma procesal penal se sostenga con datos precisos y no con generalizaciones. El cruce entre Álvarez y Abanto, sumado a las respuestas de Nakazaki, Espinoza Goyena y Rivera Paz, dejó en evidencia una distancia amplia entre el ministro y buena parte del gremio de abogados penalistas del país.
