Javier Cipriani, diputado de Renovación Popular y miembro de la Comisión de Ética, se pronunció sobre la controversia que involucra a su compañero de bancada, Christian Aranda, quien habría expuesto la identidad de una mujer que solicitó un aborto terapéutico en Abancay.
Durante una entrevista concedida al programa Prueba de Fuego de RPP, Cipriani manifestó que, aunque debe ser cauteloso por su posición en la referida comisión, considera que las acciones de Aranda no constituyen una infracción de carácter penal.
El legislador justificó su postura señalando la diferencia entre una falta administrativa y un ilícito, brindando su apoyo personal al parlamentario cuestionado.
«Una cosa es cometer una falta y otra cosa es cometer un delito. Yo creo que Christian no ha cometido un delito», manifestó el parlamentario.
Cipriani dijo que se comunicó directamente con Aranda para expresarle su respaldo ante lo que considera un ataque contra el integrante de su agrupación.
El legislador de Renovación Popular atribuyó el actuar de su colega a una supuesta vehemencia propia de su juventud, aunque reconoció la existencia de reglamentos que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos.
La publicación de Aranda
La controversia que implica a Aranda se originó en una publicación en su cuenta de la red social X en la que compartió un oficio remitido al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay.
En este documento, el parlamentario exigía verificar los requisitos legales de una interrupción terapéutica del embarazo para una gestante de aproximadamente 20 semanas, y de acuerdo a periodistas y usuarios de redes la publicación incluía el nombre y apellido de la ciudadana.
El diputado niega haber expuesto el nombre de la paciente, en medio de acusaciones en redes de que borró el mensaje original tras las críticas.
Aranda también fue cuestionado por solicitar información clínica de una paciente, cuando la ley prohibe la cesión de registros médicos personales sin el consentimiento del titular.
El diputado de Renovación Popular justificó su requerimiento como parte de sus funciones de fiscalización, alegando que buscaba asegurar que el procedimiento respetara los protocolos sanitarios vigentes.
«El propósito de mi actuación no es acceder a información clínica confidencial ni intervenir en la decisión médica de una paciente. Ante una denuncia que llegó a mi despacho, consideré necesario ejercer mi función de fiscalización y poner énfasis en que cualquier procedimiento debe realizarse cumpliendo estrictamente las condiciones establecidas por la legislación y los protocolos sanitarios vigentes», escribió en sus redes sociales.
