La madrugada del pasado lunes 24 de agosto, una violenta incursión de la coalición de bandas armadas Viv Ansanm dejó un saldo de al menos 47 personas muertas y decenas de heridos en la comuna de Kenscoff, una zona montañosa ubicada a unos diez kilómetros al sureste de Puerto Príncipe, la capital de Haití.
El ataque comenzó alrededor de las 9:30 de la noche del domingo, cuando pandilleros que se desplazaban en motocicletas irrumpieron en esta localidad -históricamente considerada un refugio de paz- incendiando viviendas, violando a mujeres y tomando rehenes entre la población civil.
La masacre ha generado una ola de indignación nacional e internacional debido a la extrema crueldad empleada, que incluyó la ejecución de personas desplazadas que buscaban refugio en un recinto religioso.
El horror en el recinto religioso
Uno de los aspectos más atroces de la jornada fue el asesinato de 22 personas que se encontraban en el interior de una iglesia local intentando protegerse de la balacera.
Según confirmaron las Naciones Unidas y la Oficina de Protección del Ciudadano, entre las víctimas de este asalto se encontraban numerosos jóvenes, mujeres y niños que fueron ejecutados directamente por los miembros de las bandas armadas.
«Los incesantes ataques de pandillas contra las comunidades y la pérdida de vidas ponen de manifiesto la alarmante situación de seguridad en Haití y refuerzan la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos de seguridad haitianos e internacionales para combatir a las pandillas», subraya una nota oficial de la ONU emitida tras la masacre.
Críticas a la desprotección estatal y falta de seguridad
La matanza desencadenó protestas inmediatas de cientos de habitantes que se concentraron frente al comisariado de Kenscoff para denunciar que las fuerzas del orden no intervinieron a tiempo a pesar de las amenazas previas difundidas en redes sociales.
La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos reveló a la radio haitiana Magik9 que el único vehículo blindado que patrullaba la zona fue retirado una semana antes del ataque, dejando a la población a merced de los criminales.
«Las autoridades tienen su responsabilidad en lo que ocurre, pues los bandidos habían lanzado amenazas a través de las redes sociales, mostrando su intención de atacar el centro de Kenscoff», declaró Pierre Espérance, director ejecutivo de la organización Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.
Secuestros masivos y crisis de desplazados
Tras la masacre, el jefe de la banda conocido como Izo 2 o Didi difundió videos en los que se observa a más de 60 rehenes, incluyendo madres amamantando a sus hijos, bajo amenaza de muerte si la Policía intenta una represalia.
Esta situación ha forzado el desplazamiento de al menos 2.647 personas, equivalentes a más de 700 hogares, quienes han huido hacia la vecina Pétion-Ville para escapar del asedio criminal.
«Su seguridad no depende de mí, sino del Estado», dice al final del video el líder pandillero Didi, mientras ordena a sus hombres matar a todos los retenidos en caso de intervención gubernamental.
Valor estratégico del avance pandillero
Analistas y expertos en derechos humanos coinciden en que el ataque a Kenscoff no fue un evento aislado, sino un movimiento estratégico de la coalición Viv Ansanm para controlar las colinas sobre Pétion-Ville y las rutas hacia el departamento del Sudeste.
Si las bandas consolidan su presencia en esta comuna, tendrían vía libre para atacar el último bastión de la capital donde aún funcionan sedes diplomáticas, hoteles y oficinas gubernamentales.
«Kenscoff es muy importante. Está en las colinas sobre Pétion-Ville y, si empiezan a bajar desde ahí, entonces estamos hablando de atacar la única parte de la capital donde está el gobierno, donde está el hotel Karibe, donde están todas las embajadas», explicó Bill O’Neill, experto en derechos humanos de las Naciones Unidas para Haití.
Respuestas institucionales y llamados de auxilio
Ante la magnitud de la tragedia, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y las máximas autoridades de justicia mantuvieron reuniones de urgencia para intentar restablecer el orden en una nación donde el 80% de la capital ya está bajo dominio criminal.
Por su parte, organismos internacionales de derechos humanos reiteraron que mientras no existan políticas efectivas de protección, el riesgo de nuevas matanzas masivas seguirá siendo inminente para la población civil.
«Lamentablemente, volvemos a ver una nueva masacre en Haití. Esto es un recordatorio del devastador costo humano derivado de la ausencia de políticas efectivas de protección de la población», dijo Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
En tanto, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime aseguró que el gobierno responderá con la fuerza de ley y «el ejercicio legítimo de la fuerza pública. «Que quede claro: este luto también es un desafío», manifestó.
