El candidato a la Alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC), Edgardo de Pomar, cuestionó la candidatura de Rafael López Aliaga y consideró que se trata de una “reelección encubierta” que, según sostuvo, contraviene la Constitución.
“Absolutamente inconstitucional esta reelección encubierta”, afirmó De Pomar durante una entrevista con Prueba de Fuego, en la que señaló que López Aliaga habría utilizado a un “testaferro electoral” para postular nuevamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Según el candidato del PPC, quien además se presentó como profesor de Derecho Municipal, la actual candidatura de López Aliaga habría sido precedida por “actos preparatorios” destinados a concretar lo que calificó como una vulneración de la Constitución y del derecho.
“Ya se avizoraba, se estaba trabajando esos actos preparatorios, como llamamos en el derecho, para luego consumar el golpe a la Constitución, la violación a la Constitución y al Derecho”, sostuvo.
De Pomar también cuestionó la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al considerar que este organismo permitió la candidatura de López Aliaga. “Lo más grave de esto es que el Jurado Nacional de Elecciones, con un miembro de la Corte Suprema a la cabeza, haya dado luz verde a esta violación constitucional”, señaló. Agregó que hubo una excepción en el voto de un magistrado.
Cuestiona la llegada de los trenes a Lima
Durante la entrevista, De Pomar también fue consultado por la situación de los trenes que llegaron a Lima y sobre las declaraciones en RPP del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, quien señaló que estos fueron comprados y no donados.
El candidato del PPC sostuvo que, independientemente de cómo llegaron, los trenes deben funcionar debido a la demanda de aproximadamente tres millones de personas en Lima Este.
Sin embargo, cuestionó la legalidad de su recepción y adquisición. Según explicó, las competencias de la Municipalidad de Lima y del Instituto Metropolitano de Transporte fueron retiradas por el Congreso y entregadas a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
“En consecuencia ya no tiene competencia la Municipalidad de Lima para poder administrar el transporte y en consecuencia no tenía por qué traer los vehículos”, afirmó.
De Pomar agregó que López Aliaga debió realizar de manera paralela, con la ATU y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los procesos necesarios para que el concesionario de la vía pudiera aceptar la operación de los trenes.
