El abogado penalista César Nakazaki abordó la situación legal del legislador Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú (JPP), quien fue detenido en la Comisaría de San Miguel tras ser acusado de agredir psicológicamente a una mujer. Frente a las dudas sobre las prerrogativas del congresista, Nakazaki precisó que las leyes actuales no lo blindan frente a este tipo de acusaciones.
El especialista recordó que el artículo 93 de la Constitución fue modificado, eliminando la antigua protección absoluta de la que gozaban los legisladores.
«La inmunidad protege a la función, no protege a la persona. Protege al parlamentario para que ejerza sus funciones de parlamentario, no para que le pegue a las personas», dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
El fuero especial
A pesar de no contar con inmunidad de arresto para delitos comunes, Nakazaki mencionó que Pérez Mallqui sí goza de lo que se conoce como «privilegio del fuero especial». Esto implica que, aunque se trate de un delito común, el caso debe ser investigado y procesado por las instancias más altas del sistema de justicia.
«Tratándose de delitos comunes, el caso lo conoce la Corte Suprema. Y si no lo dijese la Constitución, el Código Procesal Penal ha creado un proceso especial para altos funcionarios públicos por delitos comunes. Y lo conoce igualmente la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema», explicó.
Actualmente, el diputado mantiene la condición de detenido en flagrancia. Según el abogado, dentro de las 48 horas correspondientes a la detención policial, el legislador deberá ser llevado a una audiencia donde un juez supremo determinará si existió flagrancia y definirá si se inicia un proceso penal inmediato.
Fallo del TC a favor de Ollanta Humala
En otro momento, Nakazaki también se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar fundado el hábeas corpus a favor de Ollanta Humala, anulando todo el proceso por presunto lavado de activos en su contra.
El abogado calificó el hecho como un «caso espejo» del caso Cócteles, reiterando que «las donaciones electorales no constituyen delito de lavado de activos».
Sobre la ejecución de esta medida, señaló que la excarcelación del exmandatario debe ser inmediata: «De acuerdo a la norma, en 24 horas la persona detenida arbitrariamente debería quedar en libertad ni bien el juez lo declare».
Asimismo, indicó que los efectos de esta nulidad deberían extenderse para todos los coprocesados, incluyendo a la ex primera dama Nadine Heredia.
La situación de Vladimir Cerrón
Finalmente, el penalista abordó el reciente fallo del TC que beneficia a Vladimir Cerrón. El tribunal ordenó anular las sentencias en su contra y exhortó a que se ejecute su libertad de forma inmediata.
Frente a los cuestionamientos por el comportamiento desafiante de Cerrón desde la clandestinidad, Nakazaki aclaró que el TC evaluó el caso desde una perspectiva estrictamente procesal, anulando la condena que originó su pedido de prisión.
«Si el motivo por el cual el señor incumplió sus reglas de conducta es una sentencia condenatoria que ha sido anulada, por compensación él recupera la comparecencia», detalló.
No obstante, el abogado sugirió que el Congreso podría indagar sobre el tiempo que Cerrón logró evadir a la justicia.
«Investigar por qué Cerrón nunca ha sido detenido por el Congreso me parecería (que) perfectamente (podría hacerlo) la Comisión de Fiscalización. Ahí se podrá conocer sin duda el encubrimiento que hubo», concluyó.
