El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público que concluya la investigación preparatoria seguida a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo; a su hermana, la diputada electa Yenifer Paredes; a sus hermanos Walter y David Paredes; al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina; y otros por el denominado caso ‘Anguía’.
Mediante una resolución emitida el último 18 de junio, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional adoptó esta medida al revocar la resolución que emitió la juez Lorena Sandoval, el 12 de enero último, en la que ordenó que se amplíe por 18 meses el plazo de esta investigación preparatoria.
El tribunal superior tomó esta determinación al declarar fundados los recursos de apelación que presentaron los abogados de Lilia Paredes, quien se encuentra bajo asilo en México, y el exalcalde José Medina para que se revoque la decisión magistrada, quien declaró fundado el pedido fiscal para otorgar un prórroga de la citada investigación, per por un plazo de 36 meses.
Al respecto, la sala superior reformó la resolución apelada y declaró improcedente el requerimiento fiscal de prórroga de esta investigación preparatoria por haber sido formulado de manera “extemporánea”.
El tribunal superior ordenó que el Ministerio Público emita, dentro del plazo legal previsto en el artículo 343 del Código Procesal Penal, el pronunciamiento que corresponda conforme a sus atribuciones; es decir, determine si formula una acusación fiscal, solicita al Poder Judicial el sobreseimiento o archivo de este proceso penal, o emite el requerimiento legal pertinente.
La sala superior también dispuso la remisión de copias certificadas de la presente resolución a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, para que evalúe la actuación temporal del despacho fiscal en el marco de sus competencias, sin que ello implique adelanto de criterio disciplinario.
El caso
El Ministerio Público atribuye a Lilia, a sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, y otros ser parte de una presunta organización criminal.
Según las investigación, la organización habría estado dedicada a licitaciones públicas fraudulentas que habría tenido como campo de acción los departamentos Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requerimientos exigidos por la ley.
