El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y la Defensa Pública, viene implementando el Decreto Legislativo 1 735, norma que crea un subsistema especializado de lucha contra la extorsión. El objetivo central de esta iniciativa es atender con prioridad y celeridad procesal a los ciudadanos afectados por este delito.
Al respecto, Alberto Vega, director general de Asuntos Criminológicos del Minjusdh, explicó el crítico panorama que impulsó la creación de este marco normativo ante el aumento de la criminalidad y la carga procesal.
«A la fecha, hemos pasado desde el 2021 de 4 670 denuncias a casi 29 000 denuncias por extorsión, pero, en contrapartida, las sentencias condenatorias por dicho delito no han pasado en promedio anual de 400», dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
El funcionario agregó que existe una cifra oculta en las estadísticas oficiales, ya que de cada 10 víctimas, solo dos interponen una denuncia. De acuerdo con Vega, este bajo índice de reportes responde al temor a posibles represalias y a la profunda desconfianza en el sistema de justicia, que actualmente agenda audiencias para los años 2028 y 2029.
Atención directa a las víctimas
Para revertir esta situación y agilizar la respuesta estatal, el subsistema ordenará los procesos para que sean atendidos en agendas priorizadas. Asimismo, mencionó que se pondrá a disposición abogados de oficio gratuitos que orienten legalmente a la víctima y la acompañen de manera presencial a interponer su denuncia ante las dependencias de la Policía Nacional y la Fiscalía.
Como parte del inicio de estas operaciones, se tiene prevista la asignación de 37 defensores públicos especializados para la región La Libertad.
A la par de la defensa legal, se anunció la próxima habilitación de un canal telefónico exclusivo que funcionará de forma ininterrumpida para brindar asistencia directa a quienes sufran este tipo de amenazas y requieran orientación legal del Estado sin salir de sus casas.
Cabe destacar que, a diferencia de las unidades de flagrancia, las entidades que integran este subsistema laborarán desde sus respectivas sedes institucionales.
