El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, emitió un pronunciamiento público en respuesta al reportaje del programa Cuarto Poder, en el cual se le señala de haber presentado un certificado laboral presuntamente irregular para acceder a contrataciones públicas.
En su comunicado, el alto funcionario criticó que la acusación sea presentada como un hecho comprobado y exigió respeto por el debido proceso.
«Ninguna investigación en curso autoriza a afirmar la comisión de un delito como si este ya hubiera sido establecido», aseveró.
Omisión de pruebas
Solano cuestionó que el espacio periodístico dejara de lado información y medios de prueba que, asegura, fueron puestos a disposición del programa de manera oportuna.
«La prestación de los servicios profesionales cuestionados no se sustenta únicamente en un certificado de trabajo», remarcó el ministro.
En esa línea, precisó que obran en la carpeta fiscal recibos por honorarios de la época y documentos legales suscritos conjuntamente, como una demanda interpuesta contra EsSalud.
Asimismo, el titular de la cartera destacó un testimonio de la entonces responsable de administración de la sede Trujillo. Al respecto, explicó que esta persona presentó en 2024 una declaración jurada donde reconoce la emisión del documento observado y que, además, ya rindió su manifestación ante el Ministerio Público, dando cuenta «de la prestación real de los servicios profesionales y de las circunstancias en que fue emitido el certificado».
Archivo del proceso disciplinario
Respecto al archivamiento del Procedimiento Administrativo Disciplinario en su contra, Solano negó que la medida haya respondido a algún tipo de injerencia vinculada a su actual alto cargo.
El ministro mencionó que la prescripción ocurrió por el vencimiento de los plazos que dicta la Ley del Servicio Civil, como consecuencia de la inacción de las autoridades.
En ese sentido, indicó que el certificado cuestionado jamás ha sido utilizado para validar su experiencia en los cargos asumidos tras su paso por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
Finalmente, exigió objetividad y precisó que, «concluidos los procesos correspondientes, ejerceré las acciones legales que el ordenamiento jurídico contempla para la defensa de mi honor y reputación frente a cualquier afirmación que resulte falsa o agraviante».
