La senadora por Ahora Nación, Ruth Luque, consideró que una de las principales tareas del próximo Congreso bicameral será revisar normas como las leyes «procrimen», las cuales, según afirmó, favorecen la impunidad y debilitan la lucha contra el crimen organizado.
En diálogo con RPP, indicó que su agrupación impulsará una agenda parlamentaria priorizando la seguridad ciudadana, la revisión de exoneraciones tributarias y la recuperación de la independencia de poderes.
«Hay propuestas que nosotros hemos presentado; yo estoy dejando varias, siete iniciativas de derogatorias y en algunos casos con algunas modificaciones, este, y esas tienen que desarchivarse y hay que hacer el debate y someterlas a votación», mencionó.
A la vez, la legisladora cuestionó las leyes ‘procrimen’, entre ellas las modificaciones a la ley de organización criminal y los cambios realizados en materia de extinción de dominio, afirmando que esto ha beneficiado a organizaciones delictivas.
«A estas alturas, y después de cinco años que he estado en ese Congreso, habiendo salido tantas leyes que se han cocinado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que han contado con el apoyo de Fuerza Popular, de todo un bloque mayoritario que yo le digo el pacto mafioso, a mí no me sorprendería que muchas de estas leyes estén coordinadas», aseguró.
Consultada sobre la iniciativa de FP de convocar a una comisión de especialistas para evaluar estas polémicas leyes, Luque manifestó su desacuerdo con esa alternativa, pues apuntó que el debate debe realizarse directamente en el Parlamento.
Luque también se refirió a las normas vinculadas a la minería informal e ilegal, como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la eliminación de licencias de autorización de uso de explosivos. Según precisó, se necesita diferenciar entre minería informal, minería ilegal y minería criminal para diseñar leyes específicas para cada caso.
Evaluación del último Congreso
Por otro lado, la representante de Ahora Nación evaluó la gestión parlamentaria saliente y sostuvo que durante este periodo se aprobaron normas de manera acelerada y se redujeron los espacios de deliberación.
«Creo que ha instaurado un parlamentarismo de facto, ha instaurado autoritarismo, ha instaurado la aprobación exprés de normas sumamente cuestionadas, ha eliminado la deliberación como fondo de varios de estos temas; las deliberaciones se sumergieron a casi un minuto los que éramos minoría, y ha funcionado de manera virtual los cinco años», mencionó.
Luque, quien se mostró de acuerdo en la denominación de que este ha sido «el peor Congreso de la historia», resaltó que el siguiente debe funcionar expresamente de manera presencial, lo que permitirá «que muchos parlamentarios rindan cuentas de sus votaciones».
Desde Ahora Nación, Luque precisó que su agrupación mantiene conversaciones con distintas organizaciones políticas para evaluar la conformación de una Mesa Directiva del Senado, entre ellas Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, buscando una mesa plural que permita «un balance adecuado frente al fujimorismo».
Sin embargo, señaló que su partido «no está desesperado» en encabezar esta mesa directiva, sino en generar un contrapeso con el gobierno, por lo que consideró que el fujimorismo no debería presidirla.
Opiniones sobre el proceso electoral
Respecto al proceso electoral, sostuvo que existen sectores de la ciudadanía «que no sienten legitimidad» más allá de la victoria legal electoral que podría tener Keiko Fujimori.
Sobre el reconocimiento de los resultados por parte de Juntos por el Perú, Luque señaló que primero se debe esperar a que se agoten los recursos impugnatorios, tras lo cual Roberto Sánchez aceptaría la decisión del electorado.
«Una cosa es que se acepten los resultados legales y otra cosa el debate de la legitimidad, y yo creo que el señor Sánchez seguramente responderá, pero en mi evaluación política, ya más allá de las impugnaciones, hay un resultado y una victoria legal que va a inclinar hacia Fuerza Popular«, precisó.
Apuntó que aún mantiene cuestionamientos respecto a diversos episodios del proceso electoral y sobre las condiciones políticas en las que se desarrolló la campaña. Sin embargo, descartó la existencia de fraude, aunque señaló que, a su juicio, hubo cambios en normas e irregularidades que sí deben ser evaluados.
«Se ha vulnerado sistemáticamente el principio de intangibilidad electoral. Hubiera hecho bien la segunda vuelta que esta cosa que la Cancillería cambió, que no se digitalizaba, fuera anunciada de manera más clara», señaló.
Además, se mostró de acuerdo en que habrá actos «de represalia o venganza» en el ámbito legal contra actores políticos contrarios al fujimorismo en un eventual gobierno de Fuerza Popular.
«Yo creo que sí, porque en estos 5 años ha habido ese tipo de cosas. Ellos son los autores intelectuales, así lo voy a decir, han generado el fraudismo. Ellos avalaron la comisión investigadora que le costó dinero al país. Han actuado cinco años castigando, por ejemplo, a Delia Espinoza, cuando no le corresponde; le han hecho una ley ya hasta para sacarla del Colegio de Abogados de Lima; actúan y han generado leyes para envalentonar a la Policía», remarcó.
