Un vocero de la Contraloría General de la República ha ratificado que las investigaciones sobre las irregularidades en la primera vuelta electoral apuntan directamente a una decisión administrativa clave tomada por la alta dirección de la ONPE. Según el informe técnico expuesto por el organismo contralor, el exjefe de la institución, Piero Corvetto, habría autorizado de manera directa la modificación del Plan Operativo Electoral poco antes de la jornada del 12 de abril, cambio que, según los auditores, facilitó el favorecimiento irregular de la empresa de transporte Gálaga.
Detalles de los hallazgos de la Contraloría:
- Alteración de términos: El informe indica que, mediante esta modificación, se variaron los criterios técnicos de selección en los términos de referencia (TDR) para el servicio de transporte de material electoral. Estas alteraciones habrían permitido que Gálaga obtuviera un puntaje ventajoso frente a competidores que contaban con mayor experiencia y capacidad logística acreditada.
- Responsabilidad de la alta dirección: La Contraloría sostiene que la modificación no fue una decisión de nivel gerencial menor, sino que contó con el aval explícito de Piero Corvetto, quien, en su condición de jefe de la ONPE, tenía la potestad y, por ende, la responsabilidad final sobre la ejecución del plan operativo.
- Contratos cuestionados: La investigación se centra en dos contratos específicos adjudicados a Gálaga que suman aproximadamente 8 millones de soles. Los auditores señalan que estos servicios fueron ejecutados con graves deficiencias, las cuales derivaron en el desabastecimiento de material electoral en diversas circunscripciones durante el pasado 12 de abril.
- Presunta colusión: El vocero de la Contraloría recalcó que el caso ha sido derivado al Ministerio Público bajo sospechas de colusión agravada y negociación incompatible. Según el ente contralor, la celeridad con la que se aprobó este cambio normativo interno sugiere una intención premeditada de beneficiar a dicho privado, en detrimento de la eficiencia del proceso electoral.
Esta revelación ha intensificado el clima de tensión política, especialmente después de que la empresa Gálaga anunciara que iniciaría acciones legales —una querella por difamación— contra Piero Corvetto y la propia ONPE, alegando que las acusaciones de irregularidades han afectado gravemente su reputación comercial y han derivado en la falta de pago por servicios prestados. Por su parte, el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar si, además de la responsabilidad administrativa señalada por la Contraloría, existen pruebas de beneficios económicos ilícitos entre los exfuncionarios y los representantes de la empresa cuestionada.
