En medio de una crisis social y política que ya supera las tres semanas, con bloqueos de rutas que han generado desabastecimiento en ciudades como La Paz y El Alto, el Gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, se encuentra evaluando la posibilidad de declarar un estado de excepción. Este debate ha cobrado especial relevancia tras la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que busca eliminar las restricciones vigentes para aplicar dicha medida.
Contexto y marco legal:
- La «Ley Eva Copa» (Ley 1341): Actualmente, el uso del estado de excepción está regulado por la Ley 1341, aprobada en 2020. Esta norma establece procedimientos estrictos, plazos definidos y mecanismos de control legislativo para evitar abusos de autoridad, además de tipificar responsabilidades penales para quienes violen derechos durante su aplicación.
- El proyecto de derogación: El Senado aprobó recientemente la abrogación de esta ley, argumentando la necesidad de que el Ejecutivo tenga mayor margen de maniobra para restablecer el orden. La norma ha sido remitida a la Cámara de Diputados para su debate. De concretarse su eliminación, el Gobierno se regiría únicamente por el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, que es mucho menos específico sobre los límites y controles parlamentarios.
¿Qué implica técnicamente un estado de excepción?
El estado de excepción es una medida constitucional extrema y temporal que permite al Ejecutivo responder ante amenazas graves:
- Causales: Se puede aplicar ante casos de conmoción interna (conflictos graves), amenaza a la seguridad del Estado, desastre natural o peligro externo.
- Restricción de derechos: Permite la suspensión temporal de ciertas garantías, como la libertad de libre circulación, el derecho de reunión o la privacidad, para recuperar el control de zonas estratégicas o frenar los bloqueos.
- Participación de las Fuerzas Armadas: Facilita el despliegue del estamento militar para tareas de control interno, lo que ha generado fuertes advertencias por parte de organismos de derechos humanos debido a los antecedentes de violencia en conflictos sociales pasados.
- Descentralización del control: Sin la Ley 1341, el Ejecutivo tendría mayor facilidad para declarar estados de excepción sucesivos sin requerir autorización legislativa previa tan estricta, lo que ha sido calificado por algunos sectores como un riesgo para el equilibrio de poderes.
Situación actual:
La presión para que el presidente Paz adopte esta medida proviene de diversos sectores empresariales y cívicos, especialmente en Santa Cruz, que exigen liberar las carreteras. Por otro lado, sectores sociales, campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales rechazan la posibilidad de una intervención más dura, advirtiendo que podría profundizar la confrontación social y la crisis de derechos humanos.
Mientras tanto, el Gobierno ha mantenido hasta la fecha una política de «contención pacífica», aunque la creciente presión de los bloqueos y la inestabilidad política han dejado al país en un escenario de alta incertidumbre.
