LIMA – En una decisión que ha vuelto a encender la polémica sobre la impunidad parlamentaria, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el archivo definitivo de las denuncias constitucionales que pesaban contra la legisladora Jhakeline Katy Ugarte Mamani (Bloque Magisterial / Podemos). A la parlamentaria se le acusaba del presunto delito de concusión por supuestamente haber recortado los sueldos a los trabajadores de su despacho para financiar publicaciones en medios de comunicación que mejoraran su imagen política en el Cusco.
1. El Acuerdo de Archivo: Votos y Consensos
El blindaje se concretó tras ratificarse el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SACAC), el cual recomendaba no dar lugar a la formación de causa contra la legisladora cusqueña.
- El Argumento Mayoritario: Los sectores que votaron a favor del archivo sostuvieron que los testimonios y los chats de WhatsApp presentados no constituían «prueba fehaciente» de una coacción directa por parte de la congresista, calificando los aportes económicos encontrados en la investigación como «voluntarios» destinados a fines de prensa.
- Vía Libre: Con esta decisión, Ugarte Mamani queda libre de cualquier sanción de inhabilitación o suspensión política en el fuero parlamentario por este expediente específico, cerrando el caso en la esfera del Legislativo.
2. Los Personajes en el Foco de la Jornada
El debate y posterior archivamiento de la denuncia involucró a figuras clave que jugaron roles determinantes en el proceso:
- Katy Ugarte Mamani: La congresista imputada, quien durante su defensa técnica reiteró ser víctima de un «complot» por parte de extrabajadores resentidos tras ser cesados de sus cargos y negó haber tocado un solo sol del presupuesto de sus subordinados.
- Lady Camones Soriano: Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, encargada de dar trámite al informe final, el cual ya había sufrido dilaciones y reconsideraciones desde su paso por la Comisión de Ética.
- Wilber Felices Medina: Identificado en la denuncia original de Cuarto Poder como el asesor de confianza y «cajero» del despacho, encargado de recolectar en efectivo las bolsas de dinero (de hasta S/ 2,000 por trabajador) para los supuestos pagos a periodistas de la región Cusco.
3. Las Pruebas que Quedaron de Lado
La denuncia, que fue impulsada inicialmente por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio Público, contenía elementos que fueron desestimados por la mayoría parlamentaria:
- Chats de Coordinación: Conversaciones explícitas donde los trabajadores se quejaban por la presión de aportar contra su voluntad bajo la consigna de que «ese monto por prensa siempre lo han venido dando».
- Declaraciones de Testigos: Testimonios de exasesores del despacho que ratificaron ante el Congreso que el pago del «cupo» mensual era una condición tácita para asegurar la renovación de sus contratos laborales.
4. La Reacción de la Oposición y Gremios Civilistas
La decisión de la Comisión Permanente ha generado duras críticas por parte de bancadas de minoría y analistas políticos, quienes señalan que este es un nuevo capítulo del «pacto de reciprocidad» entre las diversas bancadas que integran el bloque mayoritario del Congreso para proteger a los parlamentarios denominados «Mochasueldos». Parlamentarias de izquierda independiente lamentaron que el Legislativo envíe un mensaje institucional de permisividad ante el abuso laboral interno.
5. ¿Qué pasará con la vía judicial?
Aunque el Congreso ha decidido cerrarle la puerta a la acusación constitucional (lo que frena el juicio político), el proceso penal en el Ministerio Público bajo el mando del Fiscal de la Nación sigue su curso de manera independiente, dado que el antejuicio solo aplica para blindar la función, pero la fiscalía puede insistir con investigaciones preliminares una vez concluido el mandato o mediante procesos especiales de flagrancia si la inmunidad es levantada por otros delitos.
