LIMA – En un intento por disipar las dudas sobre la continuidad del proceso democrático, especialistas en materia electoral han aclarado el alcance de la auditoría externa anunciada recientemente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según el análisis jurídico difundido por RPP, la revisión de los sistemas informáticos se realizará de manera paralela y, bajo ninguna circunstancia, tendrá la facultad de paralizar o suspender la proclamación oficial de los ganadores de las elecciones 2026.
Esta precisión técnica surge como respuesta directa a los recursos presentados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y sectores de Renovación Popular, quienes buscaban que el escrutinio se detuviera hasta obtener los resultados de dicha inspección.
1. El Análisis Técnico: «Vías Separadas»
El especialista en temas electorales, Jorge Jáuregui Mendieta, explicó que el marco normativo peruano es rígido respecto a los plazos del calendario electoral para garantizar la transferencia de mando el 28 de julio.
- Carácter no suspensivo: Jáuregui señaló que la auditoría es una medida de transparencia «ex post» o paralela que busca mejorar procesos futuros y dar confianza, pero que no constituye una instancia de impugnación de votos.
- Preclusión de etapas: Una vez que las actas son contabilizadas por la ONPE y los pedidos de nulidad son resueltos por el pleno del JNE, los resultados adquieren la condición de cosa juzgada electoral.
2. Los Personajes en el Foco del Debate
La implementación de esta auditoría y su impacto legal involucra a actores clave del sistema político y electoral:
- Jorge Luis Salas Arenas: El presidente del JNE, quien autorizó la auditoría como un gesto de apertura ante las críticas, pero bajo la premisa de que la ley le obliga a proclamar resultados en los tiempos previstos.
- Rafael López Aliaga: El líder de Renovación Popular, quien ha insistido en que la proclamación sin una auditoría previa carecería de legitimidad.
- Bernardo Pachas Serrano: Jefe de la ONPE, cuya institución proveerá los datos e insumos digitales para que la firma auditora internacional realice el peritaje de los algoritmos y el procesamiento de actas.
- Aníbal Quiroga: El constitucionalista que ha reiterado que el pedido de la MML ante el Tribunal Constitucional para frenar la proclamación «no tiene pies ni cabeza» jurídicamente.
3. El Objetivo de la Auditoría Internacional
A diferencia de lo que sostienen las agrupaciones que denuncian irregularidades, el JNE ha precisado que el examen se centrará en:
- Software de Cómputo: Verificar que no existieron intrusiones externas o «malware» en el sistema de la ONPE.
- Trazabilidad: Asegurar que el flujo de datos desde los locales de votación hasta la sede central no fue alterado.
- Transparencia: Atender las recomendaciones de misiones como la de la OEA para fortalecer la ciberseguridad institucional.
4. ¿Qué pasa si la auditoría halla errores?
Según los especialistas, si la auditoría arrojara discrepancias técnicas menores, estas servirían para procesos de reforma electoral hacia el 2031. Solo en el hipotético y extremo caso de que se demuestre una alteración dolosa masiva (fraude estructural), se abriría una vía judicial penal contra los funcionarios, pero la nulidad de la elección ya proclamada es un escenario casi inexistente en la jurisprudencia peruana actual.
5. Escenario Inmediato
Con esta aclaración, el JNE se prepara para iniciar la entrega de credenciales a los parlamentarios electos en las próximas semanas. Mientras tanto, la defensa de la MML espera que el Tribunal Constitucional admita su medida cautelar, aunque con la opinión de los expertos en contra, las probabilidades de éxito para frenar la proclamación son mínimas.
La auditoría avanza, pero el reloj electoral no se detiene: el Perú tendrá autoridades proclamadas en el plazo de ley, independientemente de los hallazgos técnicos que se publiquen posteriormente.
