La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respaldó la legalidad de la contratación de la empresa M&T Corporation del Perú SAC, entidad responsable de realizar la auditoría informática de las elecciones generales del pasado 12 de abril.
Ante los cuestionamientos por una sanción administrativa ocurrida años atrás, los voceros de la institución afirmaron en conferencia de prensa que el proceso de selección, valorizado en 944,000 soles, se realizó bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente.
El organismo enfatizó que los sistemas evaluados presentaron un funcionamiento estable y seguro, garantizando la transparencia del escrutinio para la ciudadanía y las organizaciones políticas.
Los cuestionamientos a la contratación de M&T International tienen su origen en un reportaje del programa Cuarto Poder del último domingo en el que se reveló que la empresa fue sancionada en 2016 con 11 meses de inhabilitación por presentar información inexacta en un proceso previo con el Estado.
Marco legal y vigencia de la sanción
Yuvitza Aguilar Ticona, subgerente de Logística de la ONPE, indicó que, al momento de suscribir el contrato el 4 de noviembre, la empresa no contaba con ninguna inhabilitación activa en los registros oficiales.
De acuerdo con la funcionaria, las entidades verifican los antecedentes de los proveedores en un periodo determinado, y en este caso, la ficha única del proveedor no mostraba penalidades ni impedimentos administrativos recientes.
La defensa de ONPE se centra en que una sanción superada no limita el derecho de una compañía a participar en nuevas convocatorias públicas.
“No hay una ley, una norma que a nosotros nos impida contratar con esta empresa, a pesar de que haya tenido alguna sanción anterior a la fecha de la contratación que ya se haya superado, es así que una buena cantidad de empresas son sancionadas y al terminar la sanción, pueden seguir contratando con el Estado, porque no hay una norma que les impida que puedan contratar”, dijo Aguilar Ticona.
Asimismo, el organismo aclaró que el sistema del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) proporciona un historial específico para las consultas de inhabilitación.
Aguilar Ticona indicó que la información obtenida al momento del concurso público indicaba que la empresa estaba apta para brindar el servicio, tras haber pasado por una tercera convocatoria en la que se evaluaron todos los documentos requeridos por los términos de referencia.
Idoneidad de los sistemas informáticos
Roberto Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología Electoral, indicó que la auditoría técnica, que se extendió por 168 días, incluyó una revisión profunda del código fuente, la seguridad de la información y la funcionalidad de las plataformas electorales.
De acuerdo al funcionario, los resultados indicaron que la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y la página web de resultados cumplieron con los estándares internacionales de ciberseguridad y calidad.
Adempas, Montenegro subrayó que todos los hallazgos críticos detectados durante el proceso fueron resueltos antes del día de la votación.
“Los tres sistemas estaban aptos para ser utilizados en el proceso electoral”, sostuvo Montenegro Vega ante los periodistas.
