LIMA – En una respuesta directa a los cuestionamientos sobre la legitimidad de sus acciones, el equipo legal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha salido al frente para blindar su estrategia jurídica. Tras el revés en instancias inferiores, la comuna limeña ha elevado la apuesta mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), defendiendo una medida cautelar que busca suspender los efectos de los resultados electorales de 2026 hasta que se resuelvan presuntas irregularidades.
Aquí los detalles de la defensa técnica presentada por el procurador y los asesores legales de la gestión de Rafael López Aliaga:
1. El Salto al Tribunal Constitucional: La «Última Ratio»
Ante la reciente declaratoria de incompetencia de los juzgados del Poder Judicial, el abogado de la MML sostuvo que han recurrido al TC bajo la figura de un proceso de cumplimiento o amparo contra resolución de órgano constitucional.
- El argumento central: La defensa alega que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha vulnerado derechos fundamentales de carácter colectivo, específicamente el derecho a la «participación política» y a la «transparencia electoral» de los millones de ciudadanos que residen en la jurisdicción de Lima.
- Medida Cautelar: El recurso busca que el TC ordene al JNE abstenerse de proclamar resultados definitivos hasta que se realice una auditoría externa integral de los sistemas informáticos utilizados en el proceso.
2. Negativa de Vulneración a la Neutralidad
Uno de los puntos más álgidos de la defensa fue la respuesta a juristas como Aníbal Quiroga, quienes acusan a la municipalidad de actuar como personero de un partido.
- Defensa de la Neutralidad: El abogado de la MML negó tajantemente que se esté rompiendo la neutralidad electoral. Argumentó que la municipalidad, como entidad representativa de los vecinos de la capital, tiene el «deber tuitivo» (de protección) de velar por que los procesos que afectan a sus ciudadanos sean impecables.
- Interés Difuso: Según la tesis municipal, no se defiende a un candidato específico, sino el «interés difuso» de los limeños a que su voto sea custodiado con estándares internacionales que, según ellos, el JNE no ha cumplido.
3. Cuestionamientos al JNE: «Indefensión y Opacidad»
La defensa técnica fue incisiva al señalar que el ente presidido por Jorge Luis Salas Arenas ha cerrado las puertas a mecanismos de verificación adicionales.
- Falta de Apertura: El letrado argumentó que el JNE ha rechazado sistemáticamente los pedidos de exhibición de padrones y la revisión de firmas en actas observadas, lo cual, a su criterio, coloca a la ciudadanía en un estado de «indefensión jurídica».
- Pruebas de Irregularidades: Aseguró que la municipalidad ha recopilado testimonios y evidencia documental de «anomalías estadísticas» en diversos distritos de la capital que ameritan un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución.
4. La Estrategia: ¿Jurisdicción de Conciencia o Dilación?
Mientras la oposición califica esta medida como una «maniobra dilatoria» para entorpecer la transferencia de mando o la segunda vuelta, el abogado de la MML insistió en que se trata de una «jurisdicción de conciencia».
- «Si el proceso ha sido transparente, el JNE no debería temer a una auditoría. Lo que estamos pidiendo es certidumbre para que el próximo gobierno nazca con legitimidad total y no bajo la sombra de la duda», puntualizó el vocero legal.
5. Escenario en el TC
El Tribunal Constitucional, integrado por magistrados como Francisco Morales Saravia y Luz Pacheco, deberá decidir ahora si admite a trámite este recurso. Los expertos advierten que el TC suele ser muy cauteloso en intervenir en procesos electorales ya en marcha, dada la autonomía constitucional del JNE. No obstante, el equipo legal de la MML confía en que la «gravedad de los hechos expuestos» obligue a los magistrados a emitir una medida cautelar de urgencia.
La batalla por los votos de 2026 se traslada así de las urnas y los juzgados a los pasillos del Tribunal Constitucional, en un capítulo que promete redefinir los límites de la intervención municipal en asuntos de carácter nacional.
