LIMA – La ofensiva legal emprendida por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha encontrado una voz crítica de peso en el ámbito constitucional. El reconocido abogado Aníbal Quiroga ha calificado el recurso interpuesto por la comuna limeña como carente de sustento jurídico, advirtiendo además una peligrosa desnaturalización de las funciones municipales con fines electorales.
A continuación, los puntos clave de las declaraciones del jurista que han encendido el debate sobre la neutralidad institucional:
1. El Vicio de Fondo: «Sin fundamento constitucional»
Para Quiroga, la demanda de amparo o recurso de nulidad que la gestión de Rafael López Aliaga —a través de su procurador y del teniente alcalde Renzo Reggiardo— intenta impulsar contra el JNE no resiste un análisis riguroso.
- Competencia Exclusiva: El jurista recordó que, según la Constitución, las resoluciones del JNE en materia electoral son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables en sede judicial ordinaria, salvo vulneraciones flagrantes al debido proceso que, a su juicio, no han sido demostradas.
- Falta de Legitimidad: Quiroga sostiene que una municipalidad no es el sujeto procesal adecuado para cuestionar el conteo de votos o la transparencia de una elección nacional, tareas que corresponden a los personeros de los partidos políticos.
2. La Denuncia de Parcialidad: Un Municipio en Campaña
El punto más polémico de las declaraciones de Quiroga radica en el señalamiento de una presunta utilización de recursos públicos para favorecer intereses partidarios.
- Participación a Favor de Candidatos: Según el constitucionalista, el accionar de la MML «claramente participa en favor de uno de los candidatos» (en alusión a la línea política del alcalde López Aliaga y sus aliados).
- Desvío de Funciones: Quiroga advierte que una entidad pública tiene el deber de neutralidad. Al usar la procuraduría municipal para atacar al ente electoral, la MML estaría actuando como un brazo legal del partido político en lugar de velar por los servicios de la ciudad.
3. El Rol de la Procuraduría Municipal
El jurista cuestionó que el procurador de la MML, Ricardo Rodríguez, lidere esta batalla legal. «El procurador municipal debe defender los intereses de los vecinos en temas de arbitrios, seguridad o infraestructura, no actuar como personero legal de una agrupación política inconforme con los resultados», puntualizó. Esta situación, advierte, podría acarrear responsabilidades administrativas e incluso penales por peculado de uso o malversación ideológica de funciones.
4. Impacto en la Estabilidad Democrática
Quiroga alertó que este tipo de recursos solo contribuyen a generar una falsa percepción de irregularidad que erosiona la confianza en el sistema democrático.
- Incertidumbre Artificial: Para el abogado, judicializar los resultados electorales sin pruebas contundentes es una estrategia para dilatar la proclamación de los ganadores y mantener un clima de agitación política.
- Mensaje a los Tribunales: Hizo un llamado a los jueces constitucionales para que actúen con celeridad y rechacen de plano recursos que, en su opinión, solo buscan «politizar la justicia».
5. Contexto: La Respuesta de la MML
Cabe recordar que la Municipalidad de Lima ha justificado sus acciones legales alegando que defiende el «derecho a la verdad electoral» de los ciudadanos de la capital. Sin embargo, tras la reciente declaratoria de incompetencia de un juzgado limeño para ver el caso, la tesis de Quiroga parece ganar terreno en los pasillos judiciales, sugiriendo que el recurso de la MML podría estar destinado al archivo.
La postura de Aníbal Quiroga pone en evidencia la creciente tensión entre la administración municipal y el sistema electoral, en un escenario donde la frontera entre la gestión pública y la militancia política parece volverse cada vez más difusa.
