La inviabilidad del desconocimiento presidencial
En una intervención cargada de tecnicismo militar y protocolo de Estado, el contralmirante Raymundo Morales calificó como «inaceptable» que el Jefe de Estado intente deslindar responsabilidades sobre una adquisición de tal magnitud. Según Morales, en la estructura de seguridad nacional, una operación que compromete miles de millones de dólares y el esquema estratégico del país no se ejecuta de forma aislada en el Ministerio de Defensa.
«Un presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. No puede aducir que lo han engañado o que no sabía lo que estaba firmando», enfatizó el oficial en retiro, señalando que cada paso de la negociación con los proveedores internacionales debió contar con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional (CODENA), presidido por el propio Balcázar.
Crítica a la transparencia institucional
Morales fue más allá y puso el dedo sobre la llaga respecto al momento elegido para la compra. Según el exjefe naval, si bien la modernización de la Fuerza Aérea es una necesidad técnica de larga data, la forma «subrepticia» y la presunta desvío de partidas presupuestarias destinadas a la emergencia nacional constituyen una falta grave a la transparencia que debe regir el gasto público.
El contralmirante recordó que, en la tradición militar y política del Perú, las compras de armamento deben ser decisiones de Estado y no maniobras de gabinete que se mantienen ocultas a la opinión pública hasta que el compromiso financiero es ya irreversible.
Un mandatario contra las cuerdas
Estas declaraciones del contralmirante Morales refuerzan la tesis sostenida por el embajador Hugo de Zela, quien —como reportamos anteriormente— confirmó que el presidente tenía conocimiento de estas gestiones desde el mes de febrero. La narrativa de la «sorpresa» o el «engaño» sostenida por Palacio de Gobierno parece desmoronarse ante el testimonio de quienes conocen por dentro los mecanismos de adquisición de defensa.
La presión sobre el presidente Balcázar se intensifica, pues ahora no solo enfrenta el escrutinio de la oposición política y de la ciudadanía afectada por los desastres naturales, sino también el reproche ético de la reserva militar, que ve en sus excusas un intento de evadir la responsabilidad política que conlleva su altísimo cargo.
