El Congreso de la República ha iniciado un movimiento legislativo que amenaza con paralizar el plan de saneamiento de la empresa estatal Petroperú. Este martes 5 de mayo de 2026, la Comisión de Constitución comenzó el debate formal para derogar el Decreto de Urgencia 013-2024, una normativa expedida por el Poder Ejecutivo que permitía medidas extraordinarias para la gobernanza y sostenibilidad financiera de la petrolera.
El nudo del conflicto radica en que dicho decreto habilitaba la contratación de una gestión privada externa (Project Management Office – PMO) y establecía mecanismos de apoyo financiero directo para evitar el colapso de la compañía. Sin embargo, diversos legisladores sostienen que el uso de un Decreto de Urgencia para realizar cambios estructurales y financieros de tal magnitud vulnera la Constitución, argumentando que estos temas deben ser aprobados mediante leyes ordinarias debatidas en el pleno. De prosperar la derogatoria, Petroperú quedaría en un limbo administrativo, perdiendo el respaldo legal para su actual proceso de reestructuración.
Los involucrados
- Héctor Valer: Congresista y presidente de la Comisión de Constitución, quien dirige el análisis y debate sobre la legalidad y vigencia del decreto de urgencia.
- José Arista: Ministro de Economía y Finanzas, quien ha defendido la norma ante el Congreso advirtiendo que la derogación pondría en riesgo la estabilidad de la caja fiscal y el suministro de combustible.
- Oliver Stark: Presidente del Directorio de Petroperú, principal impulsor del plan de reestructuración que busca salvar a la empresa mediante una gestión técnica y alejada de criterios políticos.
- Integrantes de la Comisión de Constitución: Diversos congresistas de distintas bancadas que presentaron los informes técnicos a favor de la derogatoria de la norma.
- Directivos de Petroperú: El cuerpo gerencial que actualmente se encuentra implementando las medidas de austeridad dictadas por el decreto en disputa.
