La reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar al juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara ha desatado una ola de críticas que señalan al organismo como un brazo político utilizado para silenciar a magistrados independientes. Según el informe, la JNJ —actualmente presidida por María Teresa Cabrera Vega (excongresista de Podemos Perú)— estaría castigando a jueces que se han mostrado críticos frente a las decisiones del Congreso de la República.
Los nombres y detalles de este caso:
- Oswaldo Ordóñez Alcántara: El magistrado afectado, quien se desempeñaba como juez superior de la Corte de Lima y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. La JNJ decidió no ratificarlo el pasado 30 de abril de 2026, argumentando que su conducta no fue la adecuada para un juez.
- María Teresa Cabrera Vega: Actual presidenta de la JNJ. El informe destaca su pasado político como legisladora del partido de José Luna Gálvez, sugiriendo que su gestión al frente de la Junta responde a intereses de la mayoría parlamentaria y no a criterios estrictamente técnicos.
- El motivo del conflicto (CIDH): La «represalia» denunciada tendría su origen en la participación de Ordóñez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde criticó las denominadas «leyes pro-crimen» aprobadas por el Congreso, señalando que estas desestabilizan el sistema de justicia.
- Posición de la JNJ: Los miembros de la Junta que votaron por la no ratificación sostuvieron que Ordóñez vulneró el deber de imparcialidad al cuestionar públicamente a sectores del Parlamento, lo que, según ellos, pone en duda su independencia ante la ciudadanía.
- Reacciones de defensa (IDL): El Instituto de Defensa Legal (IDL) y otros organismos civiles han rechazado la medida, calificándola de «absolutamente arbitraria» y un acto de persecución política. Argumentan que Ordóñez no defendió una postura partidaria, sino el Estado de Derecho y la separación de poderes.
Este caso ha encendido las alarmas sobre la composición de la JNJ para el periodo 2025-2030, la cual es acusada de nombrar y sancionar jueces bajo un perfil favorable al poder político de turno, poniendo en riesgo la independencia de todo el sistema judicial peruano.
