El cerco legal alrededor del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, continúa estrechándose. El Ministerio Público ha solicitado formalmente al Poder Judicial una medida de impedimento de salida del país contra Corvetto y otros exfuncionarios de la institución electoral, en el marco de las investigaciones por las graves irregularidades reportadas durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.
Esta solicitud judicial responde a las pesquisas fiscales que buscan determinar responsabilidades penales tras la accidentada jornada electoral del pasado 12 de abril. Como se recuerda, el proceso de votación en Lima estuvo marcado por un «desastre logístico» —según calificaron diversos actores políticos— que incluyó la tardía distribución de material electoral y papeletas, obligando a extender la jornada de sufragio de manera inédita hasta el día siguiente.
Los implicados están siendo investigados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, incluyendo sospechas de colusión y omisión de actos funcionales, entre otros cargos relacionados con la deficiente organización y custodia de los votos.
Un escenario judicial complejo
El requerimiento de impedimento de salida es un paso adicional en la estrategia del Ministerio Público para asegurar la presencia de los investigados durante el proceso penal, evitando cualquier riesgo de fuga. Cabe recordar que, apenas días atrás, Corvetto presentó su renuncia irrevocable a la jefatura de la ONPE, la cual fue aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en un intento por contener la crisis institucional que desbordó a la entidad.
La situación del exfuncionario se ha complicado significativamente en los últimos días:
- Allanamientos: Domicilios de Corvetto y de representantes de la empresa encargada del transporte de material electoral han sido objeto de operativos de registro.
- Renuncias en su defensa: Recientemente, su abogado defensor presentó su renuncia, lo que obliga al exjefe de la ONPE a reorganizar su estrategia legal en medio de un escrutinio mediático y judicial intenso.
- Denuncias cruzadas: Más allá de las investigaciones fiscales, el exjefe electoral enfrenta un ambiente de alta polarización política, donde diversos sectores han exigido sanciones severas por la gestión de los comicios.
¿Qué sigue?
La decisión final sobre el impedimento de salida recae ahora en el Poder Judicial, que deberá convocar a una audiencia para evaluar el sustento presentado por la Fiscalía. Esta medida, de ser aprobada, consolidará la restricción de movimientos de los implicados mientras las autoridades prosiguen con la recolección de pruebas y los peritajes en los centros de cómputo y logística de la ONPE.
