La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República ha decidido archivar dos denuncias constitucionales presentadas contra la expresidenta Dina Boluarte. La medida, tomada tras una sesión ordinaria, se fundamenta en la «falta de tipicidad» de los hechos imputados, concluyendo que las acciones de la entonces mandataria no encajaban en los estándares necesarios para prosperar como acusación de carácter constitucional o penal.
El argumento: Ejercicio de funciones vs. Infracción
El grupo de trabajo parlamentario desestimó las acusaciones basándose en informes técnicos que determinaron que los hechos denunciados no cumplían con los criterios de procedencia material. Entre los casos archivados destacan:
- Caso Crimen Organizado y Leyes: Se archivó la denuncia relacionada con la observación de la autógrafa de ley sobre detención preliminar y la posterior promulgación de la Ley 32138. La SAC concluyó que dichas acciones forman parte del «ejercicio legítimo de las atribuciones constitucionales» del Ejecutivo, y no pueden ser catalogadas como infracciones per se.
- Caso Terminal Portuario del Callao: Se desestimó la denuncia presentada por asociaciones de pescadores artesanales referente al Decreto de Urgencia 004-2025. El informe técnico señaló que la subcomisión no es competente para dirimir sobre la constitucionalidad de decretos de urgencia y que no se logró demostrar una arbitrariedad o dolo en la emisión de dicho decreto.
Un camino parlamentario complejo
La decisión no fue unánime en todos los casos y reflejó la dinámica de fuerzas en el Legislativo. En el caso de la ley contra el crimen organizado, la aprobación para archivar fue por mayoría (10 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones), mientras que en el caso del puerto del Callao, el resultado fue 9 a favor, 3 en contra y 1 abstención.
Es importante destacar que el archivo de estos expedientes no implica necesariamente la inocencia total de fondo en otros ámbitos, sino que, por ahora, el Parlamento ha cerrado la puerta a estos mecanismos de control político específicos. No obstante, el grupo parlamentario sí decidió admitir a trámite un extremo de la denuncia constitucional 694, formulada por la Fiscalía de la Nación, relacionada con el presunto delito de negociación incompatible en el nombramiento de la presidenta ejecutiva de EsSalud. Este proceso, por lo tanto, seguirá su curso.
Contexto político
El Congreso ha venido aplicando criterios restrictivos para procesar denuncias constitucionales, priorizando la distinción entre decisiones políticas (no punibles) y actos que quebrantan la ley de manera flagrante. Con este archivo, la administración de Boluarte logra aliviar un frente de presión política en el Legislativo, aunque la investigación fiscal por el caso EsSalud permanece como una pendiente en la agenda de control parlamentario.
