El Gobierno de Bolivia ha hecho público un informe crítico sobre la gestión de sus empresas estatales, revelando un escenario de crisis financiera generalizada. La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) ha confirmado que 15 compañías de propiedad del Estado se encuentran actualmente en «quiebra técnica», acumulando pérdidas que ascienden a los 2,655 millones de bolivianos.
Un modelo bajo la lupa
El informe analiza 67 entidades públicas creadas durante las administraciones de Evo Morales y Luis Arce bajo la premisa de sustitución de importaciones. Según las autoridades actuales, encabezadas por el director de la OFEP, Pablo Camacho, estas cifras son el resultado de un «experimento de ideología sobre la economía» que no ha logrado generar valor ni producción efectiva.
Los datos son elocuentes:
El conjunto de estas empresas presenta un patrimonio negativo de 1,900 millones de bolivianos (aproximadamente 275 millones de dólares).
Se estima que en las últimas dos décadas, el Estado inyectó más de 73,000 millones de bolivianos en créditos hacia estas entidades.
Un ejemplo emblemático es Yacimientos de Litio Bolivianos, que recibió cerca de 890 millones de dólares en inversión estatal, pero que hoy apenas opera al 17% de su capacidad instalada, sin haber cumplido las metas de desarrollo prometidas.
Hacia una posible liquidación
Ante este diagnóstico de «drenaje de recursos públicos», el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia ha anunciado la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. El objetivo es facultar a la OFEP para iniciar procesos de liquidación en aquellas firmas cuyos problemas financieros se consideren irreversibles. La medida busca cortar de raíz el gasto deficitario en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, aviación y telecomunicaciones.
Transparencia como herramienta
En un intento por rendir cuentas, el Ejecutivo ha lanzado una plataforma digital interactiva que permite a la ciudadanía fiscalizar en tiempo real el desempeño económico de las 67 empresas estatales activas. La herramienta expone flujos de caja, utilidades y niveles de endeudamiento, con el fin de convertir la información sobre el patrimonio público en algo accesible para todos los bolivianos.
